Aprobada la posibilidad de gestión privada de las autonómicas
Un cambio de la actual ley de comunicación audiovisual permitirá a las comunidades autónomas elegir el modelo de gestión que deseen para sus respectivos canales de televisión pública.
El Consejo de Ministros ha estudiado un informe sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual relativo a los modos de gestión de los canales públicos autonómicos, ha asegurado este viernes en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
«Uno de los compromisos del partido que sustenta el Gobierno fue ampliar la posibilidad de las Comunidades Autónomas para que libremente pudieran decidir la fórmula de gestión de los canales públicos de televisión», ha recordado Saenz de Santamaría.
El pasado 1 de noviembre, el PP difundió su programa electoral en el que ya se anunciaba que abriría la posible entrada de la participación privada en la gestión de las televisiones públicas, así como establecer techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos.
En su programa anunciaba el estudio de la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para «redimensionarlas» y «adaptarlas» a la coyuntura presupuestaria que se vive en la actualidad.
Libertad para adoptar nuevos modelos Anunciaba así el impulso de las reformas legislativas necesarias para que las administraciones autonómicas y locales tuviesen libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada.
La vicepresidenta ha explicado que no se trata de un modelo cerrado, y que ahora el informe ha sido sometido a la consideración preceptiva de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).
Es una norma que busca ayudar a las distintas administraciones a elegir los modos de gestión de estos servicios públicos que sean «más eficaces y más eficientes o que hagan más fiables los servicios en el sector audiovisual que presta».
«No se trata de constreñir el marco de la gestión sino de ampliar las posibilidades que tiene cada comunidad autónoma en el marco de sus estatutos y dentro de sus competencias para decidir cómo gestiona este servicio público si directamente o con fórmulas de gestión indirectas», ha concluido.
Ayuda para cumplir con el déficit Uno de los objetivos, ha indicado, es ayudar al cumplimiento de los límites de déficit público buscando esa eficiencia, pero también la viabilidad en este momento de esas televisiones autonómicas.
La vicepresidenta ha explicado que la CMT ya informó de que en la Ley de Comunicación Audiovisual de 2010 había una ausencia legal a la hora de abordar la posible gestión con distintas fórmulas.
La vicepresidenta ha señalado también que algunas comunidades autónomas tienen establecida en sus estatutos la obligación de gestión directa de alguno de sus canales y otras no.
En este momento de cambios en la oferta y de pluralidad de canales traídos por las tecnologías digitales, es «conveniente» ampliar el margen de decisión a las comunidades autónomas.
Sáenz de Santamaría precisó que en el caso de acordar una gestión indirecta las leyes, entre ellas la Ley de Contratos del Estado, establecen límites y obligaciones respecto a cómo puede desarrollarse el servicio público, todas las cuales «hay que respetar», pero sin renunciar a ese margen de decisión para los gobiernos autonómicos.
EFE
