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El Consejo Andaluz de Consumo defiende a las comunidades de propietarios frente al Dividendo Digital

El consejo Andaluz de Consumo de la Consejería de Administración Local se ha dirigido ayer por escrito al Ministerio de Industria para interesarse por las medidas que prevé el Gobierno para la implantación del dividendo digital, cuya fecha de referencia es enero de 2014.

En una nota de prensa, el Consejo ha recordado que el pasado 24 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Impulso de la Televisión Digital Terrestre y de la Innovación Tecnológica, con objeto de facilitar el despliegue de nuevas redes de telefonía móvil 4G.

Para ello, ha informado, «reducen las frecuencias asignadas para prestar el servicio de TV aunque, gracias a los avances tecnológicos, se mantendría el mismo número de canales».

Con esta reducción de frecuencias de TV, los usuarios «tendrán previsiblemente que adaptar sus instalaciones para la recepción de la televisión digital, con los consiguientes desembolsos económicos que ello supondrá», ha destacado.

El Consejo está formado por las organizaciones de consumidores Al-Ándalus, Facua y Unión de Consumidores de Andalucía, la organización empresarial de telecomunicaciones FAITEL, la CEA, y los representantes de Consumo de la Junta.

Ayudas a las comunidades de propietarios

«El objetivo es saber si van a concederse ayudas a las comunidades de propietarios para facilitarles la adaptación de sus instalaciones a la recepción de televisión digital terrestre, tal y como establece la Ley 2/2011 de Economía Sostenible».

El Consejo ha recordado que la ciudadanía «ya ha soportado los gastos provocados por el cambio a la Televisión Digital Terrestre (TDT) y que esta reorganización se libera un espacio radioeléctrico para de destinarlo a una nueva tecnología que muchas personas pueden no utilizar nunca».

En la misiva se argumenta que

«Resulta paradójico que sea la propia ciudadanía la que tenga que afrontar estos gastos, que benefician a las compañías de telecomunicaciones» e insiste en la «necesidad de que las administraciones presten algún apoyo»

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