El Gobierno aprueba la externalización de los informativos en las televisiones públicas
El anteproyecto de reforma de Ley General de Comunicación Audiovisual, además de permitir a las comunidades autónomas elegir qué modelo prefieren para gestionar sus televisiones públicas, público o mixto, abre la puerta a la externalización de los informativos y elimina la obligatoriedad de que la mayoría de la programación de las públicas sea de producción propia.
Anteproyecto
En el texto del anteproyecto, se eliminan los párrafos de la Ley General de Comunicación Audiovisual en los que se obligaba a los entes públicos a impulsar la producción propia de su programación «de forma que ésta abarque la mayoría de los programas difundidos en las cadenas generalistas». Asimismo, se retira de la ley el párrafo en el que se prohibía explícitamente a los entes ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquéllos que expresamente determinen los mandatos marco que para cada ente se aprueben en desarrollo del marco competencial correspondiente.
En ambos casos, la Ley Audiovisual se refiere al conjunto de los entes públicos, incluidos RTVE, por lo que su eliminación de la norma teóricamente podría afectar también a TVE, aunque el funcionamiento de la cadena pública estatal está regulado por un conjunto de leyes, entre ellas la Ley de Radio y la Televisión de Titularidad Estatal y la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que aseguran su gestión pública, y que no han sido modificadas.
Por otro lado, el anteproyecto incorpora a la ley un nuevo párrafo en el que se afirma que «las comunidades autonómicas determinarán los modos de gestión del servicio público de comunicación audiovisual, que puede ser mediante gestión directa o indirecta».
En este sentido, justifica la eliminación de «determinadas limitaciones existentes» en la Ley Audiovisual relacionadas con «la cesión a terceros de las funciones de la producción y edición de determinados programas», así como la introducción de una «mayor flexibilidad» en la naturaleza de los entes públicos que presten el servicio público de comunicación audiovisual.
