El Gobierno ha aprobado el decreto ley que le concede la elección del presidente de RTVE y permite que las radios puedan volver a entrar a los estadios para informar
Durante el debate de convalidación del decreto que permitirá la elección del presidente de RTVE por mayoría absoluta del Congreso (ya no será indispensable el acuerdo PP-PSOE), El ministro de Industria, José Manuel Soria dijo que este decreto solo busca el «desbloqueo» de la gestión de RTVE, que se encuentra en una situación de «parálisis absoluta» desde que dimitió Alberto Oliart el pasado verano.
Sobre la decisión que incluye también el decreto de que las radios puedan retransmitir desde los estadios de fútbol sin pagar el canon que le reclama la Liga, Soria dijo que se atiende el derecho de información y se cumple así el compromiso alcanzado en ese sentido por el presidente Mariano Rajoy.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado en el pleno del Congreso que el Gobierno «quiere la elección por consenso del presidente de RTVE y va a seguir buscando el acuerdo» con la oposición
«La elección del presidente va a seguir siendo una elección parlamentaria», afirmó el titular de Industria. «El decreto garantiza la independencia de RTVE y que la elección siga siendo parlamentaria, basada, como desea el Gobierno, en el consenso y el acuerdo. Este decreto no tiene otra finalidad que dotarnos de un mecanismo normativo para desbloquear una situación insostenible«.
El portavoz del PSOE en la comisión de control de RTVE, Juan Luis Gordo, dijo que el decreto «hace saltar por los aires» el modelo actual de una RTVE independiente. «Hoy es un día aciago para los derechos y libertades«, afirmó. «Sus argumentos de parálisis y bloqueo de RTVE son falsos. Sólo buscan un uso partidista de RTVE».
la portavoz de CiU , Monsterrat Surroca, ha discrepado con la forma con la que el PP apuesta por desbloquear el Ente público, a través de este decreto, sí comparte el fondo de la propuesta,
«Consideramos inadmisible el bloqueo institucional al que se ha visto RTVE por la incapacidad de los partidos mayoritarios. Actualmente se encuentra paralizada e inmersa en una situación de incertidumbre y la profesionalización de sus trabajadores no debe repercutir al servicio público de la televisión», .
Ante esta ‘lucha’ entre ‘populares’ y socialistas, la portavoz de UPyD, Irene Lozano, ha advertido a ambos partidos de que se acusan mutuamente de la falta de pluralidad de la televisión pública cuando realmente: «Los dos son culpables, ha subrayado.
A su juicio, resulta «ridículo» que ambos partidos discutan públicamente sobre a quién deben pertenecer las televisiones sin caer en la cuenta de que a quien realmente pertenecen es a los ciudadanos. Por ello, ha avanzado que votará en contra de este decreto ley que resta pluralidad a la Corporación.
Desde el PNV, Pedro Azpiazu no quiere dar vía libre a este decreto que, según ha alertado, obligará a la Radio y la Televisión Públicas a trabajar al dictado del partido político que se encuentre al mando del Ejecutivo. Eso sí, se ha mostrado favorable a la reducción del número de miembros del Consejo de Administración y con el cese de una retribución fija para todos ellos.
Además, Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha dicho que este decreto va a suponer el «control partidario» de RTVE, mientras que, en su opinión, el modelo actual hasta ahora vigente «caminaba hacia la independencia profesional», teniendo como referencia otras cadenas europeas.
Desde ERC, Alfred Bosch, ha tachado el debate y la negociación de RTVE entre PP y PSOE de un partido de tenis de mesa, a la vez que ha calificado al decreto que va a aprobarse en la Cámara Baja de «imperial de la antigua Roma», que bajo este nombre es un «golpe de mano a la libre información».
Este decreto ley fue aprobado el viernes 20 de abril por el Consejo de Ministros y se encuentra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente.
En concreto, esta medida permite elegir al presidente y renovar a los miembros del Consejo de la corporación por mayoría absoluta, una medida que, según la memoria económica que acompaña a dicho decreto, supondrá un ahorro para las arcas del Estado de 1,25 millones de euros anuales, según los cálculos del propio Ejecutivo.
Además, aprueba la disminución de tres miembros del Consejo de Administración, que pasa de tener 12 miembros a nueve, una medida que supone un ahorro de 342.000 euros brutos anuales, teniendo en cuenta que la retribución anual bruta de los miembros del consejo para el año 2012 asciende a 114.000 euros.
