La nueva ley de gestión de las Tv publicas permitirá a RTVV las emisiones codificadas de pago
El anteproyecto de ley remitido por el Consell al Jurídic Consultiu contempla la posibilidad de que la nueva RTVV —previa liquidación del actual ente público— pueda ofrecer contenidos en codificado en alguno de sus canales.
El artículo 2.2 del anteproyecto es muy revelador: «La función de servicio público comprende la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados, de ámbito autonómico e internacional, así como la oferta de servicios conexos o interactivos y de información en línea, orientados a la consecución de los objetivos anteriores».
Una radiotelevisión que ingresa apenas 21 millones al año en publicidad, que cuesta más de 150 millones, que cuenta con una plantilla de 1.800 trabajadores, acumula 1.136 millones de deuda y cuya audiencia ronda el 6% de media —la tercera por la cola entre las doce autonómicas— no parece muy atractiva para el negocio de operadores privados. Cuestiones de mercado al margen, la vigente ley 7/1984 de creación de RTVV y las normativa estatal —la ley del Tercer Canal o la Ley General de Comunicación Audiovisual— impiden la privatización de cualquier televisión pública.
Hasta hoy. El Consell se ha puesto manos a la obra para, a través del ERE y de la nueva ley de RTVV, cambiar las circunstancias de Canal 9 para, según el Gobierno autonómico, hacerla viable y, según el PSPV, ponerla a punto para entregar la parte rentable de sus contenidos a la gestión privada, tras asumir la Generalitat la deuda acumulada.
Los augurios de González Pons
De esta forma, la norma en tramitación sentará las bases legales para que cualquier concesionario de la gestión de programas de Canal 9 emita contenidos de pago en codificado. Necesariamente vinculados a los deportes, los estrenos de cine y las series de gran calidad. Un material inaccesible para la actual RTVV, en situación de quiebra, según reconocen en la propia Generalitat y subraya el Síndic de Comptes.
la nueva norma limitará la financiación del Consell —que para 2012 alcanza los 98,7 millones de euros— a los contenidos estrictamente de servicio público. El resto deberá mantenerse con la publicidad o el pago por visión en manos de operadores privados. Fuentes del Consell admitieron que la inclusión de ese artículo en la nueva ley ofrece cobertura legal a quienes aspiren a ser concesionarios de ese servicio televisivo.
Con la normativa actual pueden cederse a productoras franjas de programación, pero las reformas legislativas allanarán el camino a la privatización de una cadena autonómica entera. Precisamente el viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, informó tras el Consejo de Ministros de la voluntad de modificar la citada Ley de Comunicación Audiovisual para ofrecer un paraguas legal a los gobiernos autonómicos del PP en su voluntad de privatizar totalmente o en parte los canales autonómicos. Sáenz de Santamaría indicó que se trata de permitir a las comunidades «decidir la forma de gestión de los canales públicos de televisión», incluidas «fórmulas de gestión indirectas», esto es, otorgarlo a productoras o televisiones privadas en concesión.
El inicio de la reforma legal acometida por el Gobierno y el cambio de la ley de RTVV dan la razón al vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, quien un mes antes de las generales avanzó la intención de su partido de privatizar los canales autonómicos. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno indicó que la reforma de la ley ha sido presentada «con carácter más urgente» porque se trataba de un compromiso electoral de los populares. Será necesario también cambiar la Ley del Tercer Canal para poder consumar las privatizaciones, según expertos consultados por este diario. Se estaría entonces en disposición de que «se pueda constituir un único canal que funcione con desconexiones, de modo que se haga más fácil y más económica su gestión y también para reducir el número de competidores públicos donde no sean necesarios». Así lo expresó González Pons, quien motivó las críticas de la oposición.
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