La sentencia de la TDT obligaría a devolver 15 millones en Andalucía
El Gobierno y otros implicados han recurrido el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que entiende que fue ilegal que se impusiera una Televisión Digital Terrestre sin alternativas.
La implantación de la TDT, cuyo apagón analógico se produjo en abril de 2010, no contó con la cobertura vía satélite o cualquier otra alternativa tecnológica, como internet o el cable, a la implantación de la red terrestre de Abertis y operadores menores, con los repetidores instalados en las demarcaciones de cada una de las comunidades, que tenían transferidas la responsabilidad. Los tribunales de la UE consideran que fueron ilegales los 230 millones repartidos en ayudas para completar la red de la TDT al no existir criterios de diversidad en el plan, contando con las tecnologías disponibles.
La red de la TDT en Andalucía sufragó 15 millones de euros en ayudas que ahora debería devolver la Junta y aquellos organismos y entidades que se beneficiaron de estas inversiones. En Cataluña las ayudas se dispararon a más de 52 millones y la Generalitat ha sido ya una de las administraciones que han recurrido la sentencia. El Gobierno acaba de presentar el recurso de un caso que se convierte en un nuevo quebradero de cabeza en torno a la instalación de la TDT en España.
La empresa de satélites SES Astra fue la que presentó en su momento la demanda a la que le ha dado la razón la UE, ya que fue excluida de cualquier posibilidad de brindar sus recursos para la cobertura en comarcas de difícil acceso (RTVE se compromete a un 98% y las privadas a un 96,5% del territorio). Una gran parte de la inversión de la red de la TDT se destinó a ese pequeño porcentaje de núcleos alejados. La orografía española encareció todo el proceso iniciado en junio de 2005, cuando se presentó el Plan Técnico Nacional.
Las emisiones en abierto de la TDT comenzaron a ser recibidas en los televisores adaptados en noviembre de 2005 y la culminación se adelantó a abril de 2010. Tras el apagón hubo varias demarcaciones que siguieron sufriendo interferencias o zonas de sombra que tardaron semanas en resolverse.
El Gobierno y las administraciones autonómicas de Euskadi, Valencia, Galicia, Cataluña y operadores públicos de estas comunidades y de Navarra, han presentado sus recursos. Por delante del desembolso en ayudas que recibió Andalucía se encuentran Aragón, con 20 millones; Castilla y León, 37,7; y Valencia, 16,6 millones. La UE está tratando el caso de Castilla La Mancha de forma particular al encontrar otros asuntos colaterales. Las devoluciones, en caso de que no prospere el recurso, afectan a comunidades autónomas, administraciones de carácter municipal y operadores privados.
