La transición a la TDT
ACTUALMENTE nos encontramos inmersos en el proceso de transición de la televisión analógica terrestre -la tecnología de difusión de televisión que nos ha acompañado durante más de cincuenta años- a la nueva televisión digital terrestre (TDT). La televisión digital (para cualquiera de los sistemas de difusión, incluyendo el satélite, el cable y la reciente televisión por internet) permite aumentar el número de canales, proporciona una mayor calidad de imagen y sonido y posibilita incluir servicios adicionales, tales como guías de programación, televisión interactiva, canales de datos, etc. En el caso de la difusión terrestre, además, la digitalización permite optimizar un recurso público escaso, como es el espectro radioeléctrico, liberándose el denominado «dividendo digital», que hará posible nuevas aplicaciones inalámbricas. Son, por tanto, motivos de peso que aconsejan la evolución tecnológica.
El Estado tiene competencias exclusivas en materia de telecomunicaciones y de normativa básica de medios de comunicación (que afectan también al ámbito autonómico y local), además de la gestión directa de la televisión pública estatal, de otorgar las concesiones administrativas para las televisiones privadas de cobertura estatal, y de establecer las condiciones generales bajo las cuales las Comunidades Autónomas (CCAA) pueden realizar la gestión directa de las televisiones públicas autonómicas y dar concesiones administrativas de ámbito autonómico y local. Por ello, el Gobierno de España ha determinado en qué forma se realiza la transición a la TDT en todas las comunidades autónomas.
En julio de 2005, el Estado establece el Plan Técnico Nacional de la TDT, en el que se adelanta la fecha del apagón analógico -es decir, la fecha tras la cual no será legal emitir televisión analógica terrestre en España y todas las emisiones habrán de ser digitales- al 3 de abril de 2010, además de encomendar al propio Gobierno de España la aprobación de un Plan de Transición que asegure tal objetivo. Llama la atención que, a pesar de la complejidad que tiene el proceso, no fuera hasta después de dos años más tarde, en septiembre de 2007, cuando el Consejo de Ministros aprobó dicho Plan de Transición, en el que establecen tres fases sucesivas en el apagón: fase I, el 30 de junio de 2009 (en Canarias: Gran Canaria, Lanzarote y norte de Fuerteventura); fase II, el 31 de diciembre de 2009 (el resto de Fuerteventura, la mayor parte de los municipios de La Palma, La Gomera, El Hierro, y algunos de Tenerife); y fase III, el 3 de abril de 2010 (resto de municipios de La Palma, La Gomera y El Hierro, con casi toda la isla de Tenerife).
Posteriormente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información acordó la distribución territorial de obligaciones mínimas de cobertura que habían de garantizar las televisiones analógicas para continuar emitiendo en digital. Debe destacarse que dichas obligaciones no son homogéneas en todo el territorio español, de forma que CCAA con dispersión poblacional y orografía compleja, como es el caso de Canarias, alcanzan coberturas inferiores a las de Comunidades en las que no concurren las mencionadas circunstancias. Por otro lado, estas obligaciones de cobertura son inferiores a la cobertura realmente alcanzada por la televisión analógica, debido a las diversas actuaciones promovidas a lo largo de los años, principalmente desde el ámbito local e insular, y que, independientemente de las condiciones en las que se presta el actual servicio de televisión analógica, han posibilitado que una gran parte de la población tenga acceso a varios canales de televisión, públicos y privados, de cobertura estatal, autonómica e, incluso, local.
Dicho de otra forma, una parte importante de la población perdería la cobertura de la televisión por el cambio tecnológico y, por ello, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reclamó de las CCAA su colaboración para extender localmente la cobertura no exigida a las televisiones de cobertura estatal para equipararla, en la medida de lo posible, a la actualmente alcanzada por la televisión analógica. Para ello, se plantean convenios a partir de mediados de 2008 en los que el Estado y las CCAA cofinancian los centros de emisión para extensión en las ubicaciones identificadas por el Ministerio, desentendiéndose éste del posterior mantenimiento, y correspondiendo a las Comunidades Autónomas la ejecución de dichos convenios. No obstante, como las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado, es éste y no las CCAA quien dispone de la información precisa y de la capacidad de poder exigir su aplicación a los operadores para realizar un efectivo despliegue. El convenio de la Fase I se firmó por el Ministerio con el Gobierno de Canarias a finales de diciembre de 2008.
Indudablemente, el proceso de transición a la TDT ha contado, cuando menos, con una planificación de dudosa eficacia, y que pone en riesgo el acceso al servicio público esencial de la televisión a una parte de la población que podía ver la televisión analógica. Esta falta de planificación continúa, como, por ejemplo, pone de manifiesto el reciente Real Decreto-Ley de 23 de febrero de 2009 (es decir, cuatro meses antes del apagón de fase I), motivado por la constatación de que el mecanismo de transición inevitablemente iba a dejar a un porcentaje importante de la población sin cobertura de televisión, y con el objetivo de que las señales de las televisiones de cobertura estatal debieran estar necesariamente disponibles bajo ciertas condiciones vía satélite, a efectos de que pudieran ser recibidas en áreas que perdiesen cobertura (o que nunca la hubieran tenido).
El citado Real Decreto-Ley no superó la preceptiva convalidación en el Congreso de los Diputados, lo que incrementa la incertidumbre en el proceso, a lo que habría que añadir la lógica preocupación que existe por cómo puede afectar la liberalización europea de las telecomunicaciones y de la televisión, en particular en lo referido a la neutralidad tecnológica, al proceso de transición. Ciertamente, la difusión de la televisión digital puede hoy en día hacerse de diferentes maneras (ondas terrestres, cable, satélite, internet, móvil), pero, indudablemente, hay buenas razones para darle un tratamiento especial a la radiodifusión terrestre de las televisiones: la más importante es que, con todas sus dificultades, es la única que a día de hoy puede asegurar en términos prácticos una cobertura casi universal repercutiendo un coste adicional moderado a la mayor parte de los usuarios que actualmente ven la televisión analógica mediante difusión terrestre (el sintonizador TDT y la adaptación de la antena colectiva).
Es totalmente necesario actuar de forma meditada y cuidadosa, huyendo de improvisaciones y carreras, y asumiendo cada cual la responsabilidad que tiene. El Gobierno de Canarias ya asume la suya, prestando la máxima colaboración y procurando por todos los medios a su alcance que nadie en las Islas pierda cobertura de televisión por el cambio tecnológico. Pero, tal y como se ha expuesto, en el ordenamiento español la mayor parte de dicha responsabilidad corresponde al Estado.
* Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias
El Estado tiene competencias exclusivas en materia de telecomunicaciones y de normativa básica de medios de comunicación (que afectan también al ámbito autonómico y local), además de la gestión directa de la televisión pública estatal, de otorgar las concesiones administrativas para las televisiones privadas de cobertura estatal, y de establecer las condiciones generales bajo las cuales las Comunidades Autónomas (CCAA) pueden realizar la gestión directa de las televisiones públicas autonómicas y dar concesiones administrativas de ámbito autonómico y local. Por ello, el Gobierno de España ha determinado en qué forma se realiza la transición a la TDT en todas las comunidades autónomas.
En julio de 2005, el Estado establece el Plan Técnico Nacional de la TDT, en el que se adelanta la fecha del apagón analógico -es decir, la fecha tras la cual no será legal emitir televisión analógica terrestre en España y todas las emisiones habrán de ser digitales- al 3 de abril de 2010, además de encomendar al propio Gobierno de España la aprobación de un Plan de Transición que asegure tal objetivo. Llama la atención que, a pesar de la complejidad que tiene el proceso, no fuera hasta después de dos años más tarde, en septiembre de 2007, cuando el Consejo de Ministros aprobó dicho Plan de Transición, en el que establecen tres fases sucesivas en el apagón: fase I, el 30 de junio de 2009 (en Canarias: Gran Canaria, Lanzarote y norte de Fuerteventura); fase II, el 31 de diciembre de 2009 (el resto de Fuerteventura, la mayor parte de los municipios de La Palma, La Gomera, El Hierro, y algunos de Tenerife); y fase III, el 3 de abril de 2010 (resto de municipios de La Palma, La Gomera y El Hierro, con casi toda la isla de Tenerife).
Posteriormente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información acordó la distribución territorial de obligaciones mínimas de cobertura que habían de garantizar las televisiones analógicas para continuar emitiendo en digital. Debe destacarse que dichas obligaciones no son homogéneas en todo el territorio español, de forma que CCAA con dispersión poblacional y orografía compleja, como es el caso de Canarias, alcanzan coberturas inferiores a las de Comunidades en las que no concurren las mencionadas circunstancias. Por otro lado, estas obligaciones de cobertura son inferiores a la cobertura realmente alcanzada por la televisión analógica, debido a las diversas actuaciones promovidas a lo largo de los años, principalmente desde el ámbito local e insular, y que, independientemente de las condiciones en las que se presta el actual servicio de televisión analógica, han posibilitado que una gran parte de la población tenga acceso a varios canales de televisión, públicos y privados, de cobertura estatal, autonómica e, incluso, local.
Dicho de otra forma, una parte importante de la población perdería la cobertura de la televisión por el cambio tecnológico y, por ello, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio reclamó de las CCAA su colaboración para extender localmente la cobertura no exigida a las televisiones de cobertura estatal para equipararla, en la medida de lo posible, a la actualmente alcanzada por la televisión analógica. Para ello, se plantean convenios a partir de mediados de 2008 en los que el Estado y las CCAA cofinancian los centros de emisión para extensión en las ubicaciones identificadas por el Ministerio, desentendiéndose éste del posterior mantenimiento, y correspondiendo a las Comunidades Autónomas la ejecución de dichos convenios. No obstante, como las telecomunicaciones son competencia exclusiva del Estado, es éste y no las CCAA quien dispone de la información precisa y de la capacidad de poder exigir su aplicación a los operadores para realizar un efectivo despliegue. El convenio de la Fase I se firmó por el Ministerio con el Gobierno de Canarias a finales de diciembre de 2008.
Indudablemente, el proceso de transición a la TDT ha contado, cuando menos, con una planificación de dudosa eficacia, y que pone en riesgo el acceso al servicio público esencial de la televisión a una parte de la población que podía ver la televisión analógica. Esta falta de planificación continúa, como, por ejemplo, pone de manifiesto el reciente Real Decreto-Ley de 23 de febrero de 2009 (es decir, cuatro meses antes del apagón de fase I), motivado por la constatación de que el mecanismo de transición inevitablemente iba a dejar a un porcentaje importante de la población sin cobertura de televisión, y con el objetivo de que las señales de las televisiones de cobertura estatal debieran estar necesariamente disponibles bajo ciertas condiciones vía satélite, a efectos de que pudieran ser recibidas en áreas que perdiesen cobertura (o que nunca la hubieran tenido).
El citado Real Decreto-Ley no superó la preceptiva convalidación en el Congreso de los Diputados, lo que incrementa la incertidumbre en el proceso, a lo que habría que añadir la lógica preocupación que existe por cómo puede afectar la liberalización europea de las telecomunicaciones y de la televisión, en particular en lo referido a la neutralidad tecnológica, al proceso de transición. Ciertamente, la difusión de la televisión digital puede hoy en día hacerse de diferentes maneras (ondas terrestres, cable, satélite, internet, móvil), pero, indudablemente, hay buenas razones para darle un tratamiento especial a la radiodifusión terrestre de las televisiones: la más importante es que, con todas sus dificultades, es la única que a día de hoy puede asegurar en términos prácticos una cobertura casi universal repercutiendo un coste adicional moderado a la mayor parte de los usuarios que actualmente ven la televisión analógica mediante difusión terrestre (el sintonizador TDT y la adaptación de la antena colectiva).
Es totalmente necesario actuar de forma meditada y cuidadosa, huyendo de improvisaciones y carreras, y asumiendo cada cual la responsabilidad que tiene. El Gobierno de Canarias ya asume la suya, prestando la máxima colaboración y procurando por todos los medios a su alcance que nadie en las Islas pierda cobertura de televisión por el cambio tecnológico. Pero, tal y como se ha expuesto, en el ordenamiento español la mayor parte de dicha responsabilidad corresponde al Estado.
* Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias
Fuente : Eldía
